El plan Trump: ¿Una América fascista?

Por: Aday del Sol Reyes

¿A estas alturas alguien duda del racismo, la xenofobia y nacionalismo blanco del presidente norteamericano, Donald Trump?

Si existía alguna duda al respecto, se dilucidó este fin de semana, cuando el magnate de bienes raíces atacó vía Twitter a cuatro congresistas demócratas de diferentes razas, a quienes, aun siendo estadounidenses, les pidió «que volvieran a los países de donde vinieron».

Todo parece indicar que como no son rubias ni blancas las jóvenes legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ayanna Pressley (Massachusetts), Rashida Tlaib (Michigan) e Ihlan Omar (Minnesota), según Trump, tienen prohibido «decir al país más poderoso de la Tierra cómo debe gobernarse».

Como si estas palabras no fueran lo suficientemente racistas y discriminatorias, continuó disparando por su cuenta en Twitter: «interesante ver a esas congresistas demócratas progresistas procedentes de los peores países, cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, decir «en voz alta y de forma agresiva» al pueblo de EE.UU. cómo debe gestionarse su Ejecutivo, concluyó Trump».

The Squad: (De izquierda a derecha) Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

El Presidente norteamericano no tiene previsto en su agenda manejar diplomáticamente al escuadrón, The Squad, como se les conoce en el ámbito político a estas cuatro legisladoras,  pertenecientes a minorías étnicas, y llegadas a Washington tras las elecciones de noviembre que concluyeron en el congreso más diverso y con mayor número de mujeres de la historia.

Incluso, el supremacista blanco, ha rechazado pedir disculpas y ha insistido en que no tiene «un solo hueso racista en su cuerpo», a lo que el exvicepresidente y también aspirante a la candidatura demócrata en 2020, Joe Biden, replicó con ironía que si Trump no tiene un «solo hueso racista en su cuerpo» es que «carece de huesos».

Pero recordemos que el presidente norteamericano es quien manda en el Partido Republicano, además, se cree Dios en la Tierra y, para colmo de males, hay quienes bajan la cabeza sin decir ni pío, como el portavoz de Twitter, Brandon Borrman, al declarar a The Washington Post: «Los tuits en cuestión no infringen las reglas de la red social», aunque las políticas de la compañía prohíben «promover la violencia contra, o directamente atacar o amenazar a otras personas por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave».

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, replicó con dureza al mandatario republicano: «Rechazo los comentarios xenófobos de Trump que buscan dividir a nuestro país», al tiempo que lo acusó de hacer a América blanca.

Además, los miembros de ese órgano legislativo aprobaron una resolución -respaldada por 240 congresistas- que condena, de manera enérgica, los pronunciamientos «que han legitimado y aumentado el temor y el odio hacia los nuevos estadounidenses y las personas de color».

Sin embargo, Trump calificó la resolución de estúpida y arremetió de nuevo este jueves contra las rebeldes legisladoras, cuando las acusó, en un mitin de reelección de su campaña, de «alimentar el surgimiento en Estados Unidos de una izquierda militante peligrosa».

Donald Trump, en un mitin en Carolina del Norte, donde sus seguidores cantaron «¡Enviadlas de vuelta! ¡Enviadlas de vuelta!»   Foto: AFP

Según publica AP, Donald Trump ha convertido la hostilidad entre razas en el núcleo de su campaña de reelección, e incluso algunos de sus críticos creen que la estrategia podría conseguirle un segundo mandato.

Tal es así, que en el mencionado mitin, en Greenville, Carolina del Norte, una multitud respondió coreando: «¡Envíenlas de vuelta!», haciéndose eco del tuit de Trump durante el fin de semana acerca de que las legisladoras deberían «volver» al país del que llegaron.

El actual inquilino de la Casa Blanca, que en estos cuatro años ha mantenido una posición de mano dura contra la inmigración, parece olvidar que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Su propia esposa, Melania Trump, vino de Eslovenia hace 20 años, y su madre, Mary MacLeod, nació en Escocia y a los 18 años partió hacia Estados Unidos, donde se casó con Fred Trump, hijo de inmigrantes alemanes.

Sin embargo, para ganar votos más allá de fieles seguidores en la campaña, el mandatario apuesta por las divisiones raciales y el nacionalismo blanco, al estilo del fascismo de Adolfo Hitler en Alemania cuando, luego de incentivar el odio hacia los judíos, desató el Holocausto que exterminó durante la II Guerra Mundial a cerca de seis millones de personas.

No por gusto la legisladora estadounidense Ilhan Omar tildó este jueves a Trump de «fascista». «Hemos dicho que este presidente es racista, hemos condenado sus comentarios racistas», le dijo a la prensa quien es, además, una de las dos mujeres musulmanas en el Congreso. «Yo creo que es un fascista».

Como ya se sabe, el sueño americano de muchos inmigrantes en EE.UU. ha terminado en los nuevos campos de concentración en territorio norteamericano. Ahora solo queda esperar si el autoproclamado dueño y señor del mundo, en un arrebato fascistoide, acabará, por razones raciales, extraditando a los que históricamente han hecho grande a América.

Lawfare, la guerra sin armas diseñada por Estados Unidos

Por: Aday del Sol Reyes

Dirigentes progresistas de Latinoamérica son víctimas del lawfare (en español, guerra jurídica), un instrumento de persecución política donde se busca que sectores líderes de la izquierda queden fuera del juego.

Es tan descarada su aplicación, que hasta su ideólogo, el general de división retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., Charles Dunlap Jr., la ha reconocido como el medio para pulverizar al enemigo haciendo uso de la ley y conseguir lo que de otra manera tuviera que alcanzarse con el uso de la aplicación militar tradicional. Una suerte de excelencia suprema de la guerra cuyo objetivo no es más que subyugar la resistencia del enemigo sin tener que luchar.

¿Qué significa el lawfare en la política latinoamericana?

Guerra jurídica o lawfare es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras «ley» (law) y «guerra» (warfare). De acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), su planificación comenzó hace años, mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales, lideradas por el «establecimiento» estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.

Según un texto publicado en el Celag, escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano, el lawfare es definido como el «uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política y destrucción de imagen pública de un adversario político».

Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en los medios de comunicación «para presionar al acusado y su entorno», haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras del texto.

El mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima el pasado año, se refirió a la «judicialización de la política» -así  lo han popularizado algunos analistas- como una «falsa lucha contra la corrupción», detrás de la cual se esconden intenciones de «derrocar gobiernos legítimos y proyectos de cambio».

Asimismo, el papa Francisco expresó que «el lawfare es utilizado para minar los procesos políticos emergentes de nuestra región».

Y lo triste es que con esta estrategia sucia, supuestamente legal, han propiciado que los gobiernos conservadores saquen de la cancha a líderes avalados y votados por la ciudadanía, como, por ejemplo, el de Gustavo Pietro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Rafael Correa.

Los pobres, los beneficiados por los cambios que no convienen a la derecha, escuchan de la prensa hegemónica que los gobernantes que hasta ayer cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus gestiones, ahora son criminales enjuiciados por supuestos manejos irregulares en sus países. A su vez, ocultan que los delitos son fabricados en Washington y después procesados por una mafia de jueces corruptos que venden sus servicios al imperialismo.

Tal es el caso de Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Brasil, entrenado en EE.UU., que terminó juzgando al expresidente Lula da Silva a varios años de prisión para quitar del camino al hombre con más posibilidad y popularidad para llegar a la presidencia en las elecciones del 2018 y sentar en la silla presidencial al utraderechista Jair Bolsonaro. Y como una mano lava la otra y las dos lavan la cara, Bolsonaro le pagó el favor a Moro este jueves, al expresar su incondicional apoyo frente a las acusaciones de coordinación indebida con los fiscales cuando era juez y encabezaba una cruzada contra la corrupción, divulgadas por el portal noticioso The Intercept.

En aquel momento, Moro intentó con todas sus fuerzas mostrar un papel imparcial de la justicia burguesa en general y de la operación Lava Jato en particular, pero las evidencias de lo contrario son aplastantes. Según la publicación laizquierdadiario.com, desde su formación, Sergio Moro recibió entrenamiento en los Estados Unidos, como se comprueba en un documento filtrado por Wikileaks. La propia forma de acción de la operación Lava Jato muestra que el eje estuvo puesto en la cacería de las empresas estatales o las gigantes privadas nacionales que tienen un rol importante en el terreno internacional. Es decir, aquellas empresas que compiten de alguna manera con multinacionales estadounidenses o sectores a los que el imperialismo quiere acceder como el petróleo, la construcción, la minería, etc. Una muestra de que la operación siempre actuó como un brazo del imperialismo por los estrechos lazos que mantiene con el juez Moro, a cargo de la investigación, denuncia el sitio.

Ecuador se ha pasado de un discurso anti-corrupción a un proceso de persecución judicial al estilo Lawfare, apoyado desde las altas esferas del poder judicial y con el soporte de los partidos de derechas. "Casualmente", Rafel Correa también es víctima de una orden de arresto por parte de la «justicia ecuatoriana» que le impide regresar al país para hacer campaña en las próximas elecciones. Para el exmandatario de Ecuador, el lawfare es una tendencia que busca acabar con «todo lo que se refiere al progreso latinoamericano. En vez de reparar en la democracia, en los derechos humanos, el Estado de derecho y la Constitución, destrozan todo con tal de eliminar cualquier rasgo de progreso».


Lo curioso aquí resulta que la caza, como ya he dicho en otras ocasiones, es, sobre todo, contra líderes de izquierda. Las acusaciones de corrupción que implican a Lenín Moreno, el mandatario de Ecuador, provocadas por la filtración de INA Papers por parte de Wikileaks, así como sus posibles delitos, como asociación ilícita, lavado de activos, cohecho, y sus paraísos fiscales, parecen no importarle a los organismos jurídicos internacionales.


Aparentemente, tampoco tiene la menor repercusión que Trump sea acusado de tramposo y estafador —con pruebas mostradas ante el Congreso— por su exabogado y asesor, Michael Cohen. Y ni hablar de la cancelación de las cuentas venezolanas en bancos europeos, en la que el gobierno estadounidense se ha robado más de 30 mil millones de dólares.

¿Cómo luchar contra el lawfare?

La analista argentina Silvina Romano propone, desde Telesur, algunos puntos claves: «El primero es generar una contrainformación desde los medios alternativos y de izquierda, hay que rehacer la historia desde otros espacios y de forma rápida y atractiva para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tenemos que ser capaces de lograr que la gente se involucre en política. Lo que se busca con este fenómeno es vaciar la política, dándole ventaja a la derecha, que siempre está lista para tomar decisiones. Es muy importante, además, que la gente se informe, se comprometa y, sobre todo, que se niegue a la despolitización que propone el lawfare. Con los gobiernos progresistas, la región aprendió que lo importante es estar ahí, es hablar de política, participar y hacer cambios».

Por otra parte, añade, hay que lograr que los aparatos jurídicos no sean intervenidos desde otros organismos bajo una supuesta colaboración internacional. ¿Qué hace el departamento de Justicia estadounidense asesorando al departamento de Justicia de América Latina?, concluye.

Ante este difícil escenario al que se enfrenta la izquierda latinoamericana, es urgente aplicar desde nuestra región medidas específicas para combatir con autonomía e independencia judicial esta guerra, que, aunque sin armas de fuego, es capaz de desangrar a América Latina.

Lo último, y quizás lo más importante, sería denunciar la agresividad con que actúan las corporaciones estadounidenses a través del aparato de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos latinoamericanos para quedarse con estos mercados, enclavados en zonas con grandes recursos naturales, que es una, o quizás la única y verdadera causa, que ha ocasionado esta cacería de brujas contra los líderes progresistas, cuyo único delito probado hasta ahora ha sido el de intentar salvar a millones de la pobreza y la ignorancia